Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o han visto como sus ingresos se han reducido de manera drástica.

La declaración del estado de alarma no sólo ha provocado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, sino también el cierre obligatorio de muchos negocios y establecimientos que ocupan locales comerciales (también debemos referirnos a naves industriales, y otros inmuebles que tengan un uso distinto al de vivienda familiar), sin que, por el momento, los arrendatarios y arrendadores tengas claras cuales van a ser las consecuencias derivadas del cierre temporal de estos establecimientos.

Esta medida, con independencia de muchas otras medidas acordadas en beneficio de estos colectivos y que no son objeto de análisis del presente artículo, viene regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO DE ALARMA: ACTIVIDADES ESENCIALES QUE PODRÁN SEGUIR FUNCIONANDO Y EL PERMISO OBLIGATORIO RETRIBUIDO RECUPERABLE. El Real Decreto-ley 10/2020 ordena la paralización de toda actividad económica no esencial para frenar el avance del Covid-19 y establece un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, para los trabajadores que prestan servicios en empresas e instituciones, públicas y privadas, cuya actividad no se considera esencial.

Las relaciones laborales y el expediente de regulación temporal de empleo ante la emergencia sanitaria por el Covid19 (coronavirus) La situación actual de excepcionalidad y emergencia sanitaria como consecuencia del coronavirus (COVID19), lleva aparejada que las empresas tengan que adoptar medidas relativas, entre otros aspectos, a la situación de sus empleados, ya que, en muchos casos va a ser inviable conservar todos los puestos de trabajo de los empleados, al menos, mientras el actual estado de alarma.

RETENCIÓN 2019 EN ARRENDAMIENTOS DE LOCALES. FISCALIDAD DE LOS GASTOS REPERCUTIDOS AL ARRENDATARIO. RETENCIÓN DEL 19% para el 2019. Para el ejercicio 2019 el tipo de retención para rendimientos de capital inmobiliario será el 19% tal y como se ha practicado desde el 2016. Adjuntamos informe de los tipos de retención de IRPF para el ejercicio 2019, para acceder pinche aquí.

Caso iDental: la Audiencia Nacional indica cómo acceder al informe pericial. La Audiencia Nacional marca las pautas que deben seguir los afectados de las clínicas El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata marcó el pasado 18 de diciembre las pautas que deben seguir los afectados por la estafa de las clínicas de bajo coste iDental a fin de el acceso al peritaje sobre su estado se produzca de forma homogénea en todas las comunidades autónomas.

EL SEGURO NO PUEDE RECLAMAR A UN CONDUCTOR BEBIDO SI ÉSTE NO FIRMÓ QUE LA PÓLIZA NO CUBRÍA ESTA CIRCUNSTANCIA. La aseguradora reclamaba a su asegurado el abono de la indemnización pagada a un tercero, víctima de un accidente de tráfico provocado por el asegurado, que iba bebido. El asegurado había firmado un contrato general de seguro voluntario de accidentes, pero no había suscrito específicamente las cláusulas limitativas de la póliza.

Nulidad de cláusula suelo de Caixa Ontinyent Nuevo caso de éxito para URIS RIERA ABOGADOS. Una sentencia obliga a Caixa Ontinyent a eliminar la cláusula suelo del préstamo hipotecario y devolver a nuestros clientes las cantidades pagadas demás por aplicación de la misma, más los correspondientes intereses.

El Tribunal Supremo ha puesto fin al vacío legal desde la Sentencia del Constitucional , en el que se han reclamado la devolución de plusvalías incluso en los casos en los que se produjo una ganancia. En febrero del 2017 el Tribunal Constitucional anuló parcialmente el impuesto municipal de plusvalías en casos en los que no haya revalorización y en otra sentencia de mayo establecía que los contribuyentes no deberían pagar dicho gravamen cuando la venta de vivienda le haya generado pérdidas. Ahora el Supremo aclara que solo se podrá reclamar la devolución e la plusvalía en los casos en los que se pruebe que hubo pérdidas.